Ante Entes de Control se radicó el día de ayer 04 de septiembre, la solicitud de investigación disciplinaria y fiscal en contra de los servidores públicos de la Unidad Nacional de Protección y del CERREM, por presunto detrimento patrimonial por calificar con riesgo extraordinario la labor de los Concejales de Bogotá, cuando el Decreto 1066 de 2015 no los cobija como Corporación con riesgo directo en razón de su cargo.

Las camionetas blindadas que usan los Concejales (sin riesgo aparente), le cuestan al Distrito Capital más de 5 mil millones de pesos anuales.

Lea aquí las respectivas denuncias:
Denuncia ante Contraloría
Denuncia ante Procuraduría