Por:
David Racero – Representante a la Cámara por la Lista a la Decencia
Estefanía Montoya – Socióloga, Magister en Medio Ambiente y Desarrollo, Estudiante Doctorado En Estudios Ambientales
Sin duda, un nuevo contrato o pacto entre los habitantes de Bogotá, sus territorios y ecosistemas es lo que requiere esta ciudad para hacer frente a los complejos desafíos que han venido profundizándose en lo que va corrido del Siglo XXI. La urgencia de brindar respuestas efectivas frente al cambio climático y la degradación de los entornos naturales, la pauperización de grandes sectores de la población y la ausencia de garantía de sus derechos, las violencias de todo tipo, el secuestro de la democracia, las crecientes manifestaciones de corrupción y, entre otros factores, la pandemia del COVID – 19, nos imponen la obligación de propender por una política que reivindique la vida, el cuidado, el amor y la solidaridad, como fuerzas de la transformación. De forma superficial puede afirmarse que esta intención de cambio de rumbo para la ciudad está plasmada en el Proyecto de Acuerdo de Plan de Desarrollo de la Alcaldesa Claudia López. Sin embargo -pese a que celebramos la ambición de poner a tono a Bogotá con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y pensar la planeación en un largo plazo, en un horizonte hasta el 2030-, tenemos que ofrecer una lectura crítica de las principales apuestas para el avance de la ciudad en los próximos años.
Para empezar, es preciso manifestar que la noción de acuerdo que sustenta este Plan de Desarrollo reconoce la existencia de unas pesadas cargas que deben asumir ciertos sectores de la población por habitar en Bogotá y, en ese orden de ideas, pretende la compensación por los daños y sufrimientos experimentados por estas personas en su tarea de acceder a bienes y servicios que les posibiliten satisfacer sus necesidades básicas. Sin embargo, el objetivo de construir una nueva ciudad no solo debería propender por acciones diferenciales que posibiliten el mejoramiento de la calidad de vida de los seres más empobrecidos y violentados, sino que tendría que concentrarse en la eliminación de los privilegios, garantizando la realización de los derechos de todos los que habitan en sus territorios. De estas últimas dos cosas adolece este nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI; por ello, aquí no se suscribirá un acuerdo entre iguales ya que el origen de las desigualdades sigue perpetuándose.
Sorprende también la vehemencia del anuncio de rediseñar el sistema de subsidios y contribuciones de la ciudad, pero en la práctica esto no se materializa; para proyectar las políticas en materia social se apela a la focalización vigente que por años ha determinado quienes son beneficiarios de servicios sociales en el Distrito.
En lo que respecta al núcleo ecológico del Plan de Desarrollo, puede apreciarse una comprensión similar a la anterior. Se advierte un grado extremo de deterioro de los ecosistemas, en virtud de la huella ambiental que implica sostener una ciudad que precisa de mayúsculas cantidades de materiales y energía para sostener su ritmo de vida, obviamente en detrimento no solo de la estructura ecológica principal, sino de la dignidad de miles de seres humanos que soportan la contaminación como una externalidad negativa en sus vidas. Ante esto, la solución que se propone no es la eliminación sustancial de las causas de la degradación ambiental; se sugiere, por el contrario, que la ciudad recurra a mecanismos facultando al que contamine para que pague como contraprestación, aunque esa acción nociva no deje de generar el daño.
Ligado a las consideraciones ambientales, en el Plan de Desarrollo de la Alcaldesa Claudia López no tiene lugar un giro territorial que ubique a los espacios naturales en el centro de la planeación. No se plantea una ruptura con la idea de integrar la estructura ecológica principal para el disfrute de la ciudad, esto es, acondicionándola con infraestructura que puede fragmentar y reducir su funcionalidad.
Como otros pendientes en esta materia se hallan el poco impulso a la movilidad eléctrica y la dependencia del Transmilenio, pese a que se anuncia que Bogotá le dará la bienvenida a un sistema multimodal y sostenible.
Así las cosas, probablemente nos encontramos frente a la instrumentalización de las utopías progresistas para perpetuar modelos de ciudad que no corresponden con esos anhelos. Esto por las contradicciones anteriormente señaladas, pero al mismo tiempo por la falta de coherencia encontrada entre los propósitos de ciudad y las metas y estrategias que se implementarán para lograrlos.
Merece la pena mencionarse el hecho de que la experiencia de gestión pública y de comprensión de la realidad que había alcanzado la ciudad desde la construcción de muchas de sus políticas públicas y la aplicación de los enfoques de género, diferencial, étnico, de cultura democrática y participación ciudadana, y territorial, parece quedarse escasa en esta propuesta de ciudad. Lo anterior porque las acciones específicas para mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, afrodescendientes, gitanos, entre otros, no se detallan en el articulado.
Por supuesto que el impulso del empleo y de la productividad no solo es esencial para el escenario post – COVID19 que se avecina. En cualquier ejercicio de administración pública es imprescindible. Pero con la lectura del documento nos asiste un cuestionamiento y es si se privilegia solamente el apoyo a la economía formal de la ciudad y se deja de lado la popular e informal que proporciona el sustento a un porcentaje bastante importante de habitantes de Bogotá. A nuestro juicio, perpetuar el error de la administración pasada y desestimar el rol de las actividades económicas no formalizadas solo contribuye a fortalecer círculos viciosos que originan pobreza y desigualdad.
Antes de pasar a una referencia pormenorizada de los cinco propósitos en los que se cimienta el nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI, vale la pena poner de relieve uno de los acentos de este Plan de Desarrollo que tiene que ver con el rubro asignado a movilidad en la propuesta, pues refleja una mayor apropiación presupuestal que otros aspectos esenciales como educación, integración social y ambiente. Cabe el interrogante para que la realidad responda a lo presupuestado: ¿la ciudad no tendría un mejor rumbo si se invierte en aspectos sociales, de salud y ambientales que permitan construir otras condiciones de vida?
Evidentemente, existen proposiciones de este plan con las cuales nos sintonizamos y sobre las que pretendemos su profundización. Para empezar con la concerniente al sistema distrital de cuidado y a la connotación que se le dará a la ciudad de cuidadora de todas las formas de vida, dignidad y bienestar. Asimismo, encontramos valioso volver a poner el foco en los jóvenes que ni estudian ni trabajan porque ellos también tienen derecho a definir su proyecto de vida.
Por lo que se refiere a la adaptación de la ciudad a los efectos generados por el cambio climático y la mitigación de estos, no hay nada más urgente que tomar con seriedad la vital tarea de construir relaciones sustentables con los entornos naturales y disminuir la presión que se genera sobre la Estructura Ecológica Principal de la ciudad – región. Para el logro de este propósito concordamos en que tiene una enorme utilidad un cambio significativo en nuestros hábitos, el aumento del arbolado de la ciudad, el mejoramiento de la calidad del aire, el respeto por las formas de vida no humanas y el cuidado de los cuerpos hídricos presentes en Bogotá. Sobre otros objetivos en materia ambiental con los que contará el Plan, vale la pena anotar que una meta dirigida a reducir el volumen de residuos que cada hogar produce no solo es coherente para contribuir en la gestión de residuos sólidos de la capital, sino que, a la par, coadyuva a la superación de obsoletos marcos de pensamiento y acción en los cuales el consumo de productos no genera responsabilidad sobre cómo se los produce y cómo debe ser su disposición final.
De otra parte, en el contexto de una democracia en crisis, en la cual los gobiernos no responden a las necesidades de la ciudadanía, hay que trabajar en la recuperación de la confianza en las instituciones. Por tanto, es ineludible ejercer la política con vocación de servicio y hacer de nuestro territorio un espacio ejemplar para la construcción de paz con una administración pública transparente. Nos alegra sobremanera que Bogotá lidere desde su competencia la materialización de la paz con los dos PDET contemplados. Esto está esbozado en el propósito 3 de ciudad.
En cuanto al enfoque de movilidad, expuesto en el propósito 4, es fundamental presentarlo en clave de región, puesto que esto permitirá la integración con municipios aledaños a Bogotá y una mejora sustancial en la calidad de los desplazamientos que habitantes de estas ciudades realizan a nuestra ciudad. Es satisfactorio poder reconocer de que por fin Bogotá está coordinando de manera concreta y con vocación duradera, acciones con el Departamento de Cundinamarca.
Finalmente, coincidimos en la importancia de que Bogotá escale en el ranking de las ciudades inteligentes y esté a la vanguardia en el uso de tecnologías para facilitar la administración pública, por ello el propósito 5 resulta muy útil.
Debe subrayarse, al mismo tiempo, que el programa que la alcaldesa le propone a la ciudad recoge como un pilar fundamental hacer frente al coronavirus, aminorando los devastadores efectos que generará para el tejido económico, social, cultural y artístico de Bogotá y para la salud y bienestar de sus residentes. Con todo, deben ser propuestas acciones fuertes para el escenario post – pandemia en materia de fortalecimiento de la red hospitalaria de salud que no vemos planteado de manera ambiciosa tal como la coyuntura histórica nos demanda.
Si el Plan de Desarrollo Distrital responde cabalmente al escenario pos-covid, lo reflexionamos en el siguiente documento de análisis.
Primera entrega
