Como ya se había referido con anterioridad, en un mismo nivel de relevancia que el asignado a la finalidad de compensar, para los más afectados, los costos de vivir en Bogotá, eliminando los privilegios y garantizando, para todos, el derecho a la ciudad, también la construcción de una relación más sustentable con la estructura ecológica principal de Bogotá es impostergable para asegurar el futuro de este territorio y el nuestro como especie. Esto en consideración a que, en el contexto de Colombia, nuestra ciudad será una de las más afectadas por el cambio climático[1], pues la provisión de agua y la seguridad alimentaria de sus habitantes se verán seriamente amenazadas por cuenta de la debilidad de los elementos adaptativos, tales como gestión de los eventos de lluvias y sequías excesivas, la escasa cobertura vegetal urbana, la degradación de los bordes y zonas rurales de la ciudad y el avance de la infraestructura sobre territorios estratégicos como los cerros orientales, la reserva forestal del norte, las área aledañas a los ríos Bogotá y Tunjuelo y los humedales, entre otros aspectos.
Hoy deben tomarse medidas drásticas para reducir la vulnerabilidad y riesgo que tiene la ciudad, dadas las transformaciones que inevitablemente originará el cambio climático. Es ineludible que estas preocupaciones estén en el corazón de la gestión pública y que se comprenda la conexión que tienen las mismas con el deterioro de la calidad de vida de las comunidades más empobrecidas de la sociedad, aquellas que están segregadas y que con certeza también recibirán una afectación más profunda por el deterioro de los entornos naturales.
En ese sentido, ponemos de relieve las intenciones del proyecto de Acuerdo del Plan Distrital de Desarrollo en cuanto a la necesidad de implementar estrategias para afrontar esta crisis climática, rehabilitar la estructura ecológica principal, disminuir las afectaciones en salud originadas por problemáticas ambientales, como la mala calidad del aire, reducir la contaminación, trabajar por la protección de nuestras fuentes hídricas y todas las formas de vida, aumentando la separación en la fuente y la cultura del reciclaje, dado que se constituyen en tareas esenciales para el cuidado del entorno y para incentivar unas prácticas que permitan habitar con mayor conciencia la ciudad.
Merece reconocerse la intención de incrementar el número de hectáreas de áreas protegidas como la Reserva Thomas Van Der Hammen, el Parque Entre Nubes, las áreas de la Cuchilla del Gavilán en Usme y Cerro Seco en Ciudad Bolívar, el reconocimiento y protección de la fauna urbana y la silvestre, la reducción de la contaminación atmosférica y la protección de los cerros orientales. Pero para la ambición de generar un nuevo contrato ambiental con la Bogotá del siglo XXI, estas intenciones se quedan cortas, así como la asignación presupuestal que para el sector ambiente aparece en los últimos lugares con 1,3 billones de pesos.
Para empezar, hace dos semanas la Contraloría de Bogotá hizo públicos sus reparos ante las inconsistencias en la formulación del Plan Distrital de Desarrollo en lo concerniente a la relación que debía establecerse entre los instrumentos de medición y los fines esperados en cada uno de los propósitos. En cuanto al segundo gran eje de planeación o el ambiental, titulado Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática, dicha entidad oficial puso de presente graves falencias al no encontrar incorporadas políticas públicas ambientales vigentes ni sus correspondientes herramientas para la planificación y la gestión.
A ese desconocimiento u omisión se suma la imprecisión en otros objetivos, como la cantidad de árboles a sembrar, o la respuesta que esta administración debe darle al problema del relleno sanitario, el vencimiento de su licencia, los conflictos con el operador y el tratamiento de los lixiviados.
La ineficaz gestión de residuos sólidos en la ciudad es un asunto lamentable y es una penosa herencia de varias administraciones anteriores. Esta situación se vuelto ostensible no solo con los derrumbes y deslizamientos de basura, sino con la degradación de parte de la zona rural de Ciudad Bolívar y Usme y con las afectaciones a los campesinos del sector. De ahí que es alarmante que en el proyecto de Acuerdo del Plan de Desarrollo no se proponga una solución de fondo y se omitan, por ejemplo, estudios de centros de investigación como la Universidad Nacional que, en 2014, postuló cómo la reconversión tecnológica podría ser una alternativa en la gestión de los residuos, aplicando una nueva valorización de los residuos y generando, inclusive, energía a partir de ellos. En esa medida, habría que evaluar los alcances de estrategias como la termovalorización.
Esta carencia en el Plan Distrital de Desarrollo se contradice con las críticas que hiciera Claudia López en campaña al señalar los errores de Peñalosa en esa materia:
Aún sin las ideas claras para cambiar el modelo de disposición de residuos, y sin el impulso y reivindicación a la población recicladora, debe reconocerse el acierto del Plan al plantear que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos opere el relleno y, de igual forma, que no se piense en destinar otros predios de la ciudad para este fin.
Por otra parte, la filosofía tras dos de las estrategias de la ciudad para enfrentar la crisis climática y avanzar en la protección de los ecosistemas, preocupa por el papel del mercado en la generación de estos incentivos. De un lado, se encuentra el crecimiento verde que aspira a lograr armonía entre las metas de crecimiento y la preservación del capital natural. Así, parte de un supuesto que ha sido ampliamente criticado y es el de asumir que los bienes y servicios de la naturaleza son inagotables y que en virtud al avance tecnológico y la mano invisible del mercado se puede lograr una sustituibilidad casi perfecta de los funcionalidades que proveen los ecosistemas. Con la asignación de precios a la naturaleza se pretende compensar los daños efectuados sobre sus componentes; sin embargo, esta perspectiva no se opone a las acciones generadoras de los impactos ambientales.
Por otra parte, el pago por servicios ambientales pensados para la ruralidad de la ciudad se fundamenta en una mercantilización de la naturaleza, en su valoración antropocéntrica. Pagar por conservar un bien o funcionalidad ecosistémica no debería ser el fin último de la conservación porque a la larga no se genera un cambio cultural, sino que se refuerza la idea de que aquello que tiene valor en el mercado es lo que se debe cuidar.
Esperábamos que, en correspondencia con los anhelos de este nuevo pacto con la vida, se renaturalizara la ciudad, más allá del aumento de los árboles plantados en el espacio público y se apostara por una estrategia de educación ambiental más radical, acompañada por el hecho de que la vida y la protección de la estructura ecológica principal fueran principios rectores de la gestión pública. Si es cierto que la ciudad retoma el propósito de respetar los espacios del agua para ordenarse, ¿no debería propenderse por la creación de corredores ecológicos y una mayor articulación con los municipios que permiten la provisión del agua para la ciudad y con los otros a los cuales Bogotá provee de agua?
Nuestra ciudad podría hacer mayores esfuerzos por promover el uso de energías renovables en sus sistemas de transporte y en el funcionamiento de su infraestructura pública. No obstante, lo que se aprecia son mínimos esfuerzos por superar la dependencia de los fósiles, pues las nuevas troncales de Transmilenio no se prevén con sistemas eléctricos, al menos. [2] Esto puede ir en contravía de lo que empiezan a implementar ciudades que avanzan hacia la descarbonización.
En cuanto a la gestión del riesgo, debería tener un rol protagónico en la adaptación y los efectos del cambio climático y en la atención a poblaciones empobrecidas que se ubican en los bordes de la ciudad.
Por último, nos asiste la tarea a la ciudadanía, a la academia y a las organizaciones ambientales de ejercer veeduría sobre obras inconclusas que el exalcalde Peñalosa dejó, las cuales van en detrimento de la protección de la estructura ecológica principal y que, probablemente, la Alcaldesa Claudia López desea continuar. Tales son el Sendero de las Mariposas, la construcción de las ciudadelas Largos de Torca y Lagos del Tunjuelo y las adecuaciones de infraestructura en inmediaciones a los espejos de agua de los humedales del Distrito.
[1] http://concejodebogota.gov.co/bogota-entre-las-ciudades-con-mayor-riesgo-por-el-cambio-climatico/cbogota/2019-02-21/143027.php
[2] Verificar para todas las previstas.
Por:
David Racero – Representante a la Cámara por Bogotá – DECENTES
Estefanía Montoya – Socióloga – Magister en Medio Ambiente y Desarrollo – Estudiante Doctorado En Estudios Ambientales
